COMUNICACIÓN N.º 995-CM-19
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: COMUNICA MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO PREOCUPACIÓN RECORTE PRESUPUESTARIO Y MODIFICACIÓN ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (INTA)
ANTECEDENTES
Constitución Nacional.
Carta Orgánica Municipal.
Resolución 2019-319-APN-CD-INTA.
Proyecto D 1767: Cámara de Diputados de la Nación.
Informe: Presupuesto 2019, situación del INTA, CyT y demás funciones del Estado. ATE verde y blanca.
FUNDAMENTOS
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo público descentralizado con autarquía operativa y financiera, que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Agroindustria, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Creado en 1956, sus objetivos y esfuerzos se orientan a la innovación como motor del desarrollo nacional. Como integrante del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Nacional, desarrolla capacidades para el sector agroindustrial y participa en redes que fomentan la cooperación interinstitucional; genera conocimientos y tecnologías que pone al servicio de distintos sectores de la sociedad, a través de sus sistemas de extensión, información y comunicación. Los aportes del INTA le permiten al país alcanzar una mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades para acceder a los mercados regionales e internacionales con productos y servicios de alto valor agregado.
El 10 de abril de 2019, se conoció por medio de la resolución 326/2019 del Consejo Directivo del INTA una modificación en la estructura organizativa del Instituto que implica una reducción presupuestaria del 25%. Esto impacta fuertemente en el área de extensión y desarrollo rural.
Las medidas contemplan: la reducción de los Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF) de las regiones Patagonia, Cuyo y NEA a simples áreas de investigación de centros regionales, la disolución de los institutos de Economía y de Prospectiva y Políticas Públicas y el cierre de las 12 Agencias de Extensión Rural insertas en Estaciones Experimentales: AER Bariloche, AER Esquel, AER Río Gallegos, AER Ituzaingó, AER Paraná, AER Villegas, AER Luján de Cuyo, AER Junín, AER Anguil, AER Villa Mercedes, AER Marcos Juárez, AER Rauch.
Esta decisión, fue vista con enorme preocupación por las y los trabajadores del INTA y las y los productores de la agricultura familiar. Puntualmente en los territorios afectados por estos cambios la agricultura familiar habita y produce alimentos en cada una de las regiones y reside en sectores socio-ambientales más frágiles. Su pérdida impacta fuertemente en la capacidad de resiliencia de las familias campesinas, retrocediendo en las políticas de desarrollo territorial agropecuario.
Además subestima el rol de la agricultura familiar en el país: un sector productivo que representa el 66% de las familias rurales, involucra a 250.000 establecimientos productivos y a 2.000.000 de personas. Es el principal proveedor de alimentos de la población, abasteciendo entre un 60 y un 80% de los alimentos que consume la población en sus provincias y contribuyendo al logro de la seguridad y soberanía alimentaria de nuestra población.
A su vez, la desarticulación de los Institutos de Ciencias Sociales, pone en riesgo las líneas de investigación que se vienen llevando adelante; fundamentalmente destinadas para analizar y acompañar los procesos de desarrollo del sector agropecuario desde una perspectiva plural e interdisciplinaria.
Si bien, la trascendencia social y política que tomó este anuncio evitó el cierre de la Agencia de Extensión Bariloche, el recorte presupuestario del 25% también afecta a nuestra ciudad, ya que el mismo implica la fusión de grupos de investigación, lo que de más está decir, afecta la situación salarial de las y los trabajadores y reduce programas.
Esta caótica situación es consecuencia de la política de reducción presupuestaria sobre el Instituto, que comenzó en 2016 y se tradujo en la pérdida de 850 puestos de trabajo a nivel nacional y en el desfinanciamiento progresivo reflejado en presupuestos que no llegan a equiparar el nivel inflacionario.
Prueba de esto a nivel local es la imposibilidad presupuestaria de mantener el parque automotor en óptimo funcionamiento, lo cual redunda en la imposibilidad de llegar a territorio. La Estación Experimental Bariloche que incluye campos anexos y agencias de extensión rural tiene una flota de 56 vehículos de los cuales el 50% se encuentra fuera de servicio por falta de presupuesto para realizar reparaciones. Del 50% restante (28 vehículos), 7 sólo se encuentran aptos para viajes cortos o en ciudad por la antigüedad y condiciones precarias de los mismos. Si se analiza el ingreso de vehículos por período vemos que entre 1990-2002 se ingresaron 21 unidades, 34 entre 2003-2015 y sólo 1 entre 2016-2019.
Para este 2019 el presupuesto del INTA debiera ser de 13000 M, sin embargo, lo asignado en la ley de presupuesto es poco más de la mitad.
Claramente: los 850 trabajadores menos, la reducción de un 23% de la estructura programática y con un inicio del año 2019 que, de no materializarse un aumento en los fondos, dejaría al INTA con un 43% menos de presupuesto respecto al 2015, llegando así al punto de comprometer el mantenimiento básico de las distintas unidades.
A esto se le suma la escalada inflacionaria que ha elevado los costos de servicios esenciales, como la luz, el gas, el agua y el combustible. Costos que actualmente por falta de recursos el organismo no puede afrontar.
Asimismo el impacto de la inflación en los bolsillos de las y los trabajadores, implicó una perdida del 42% de su poder adquisitivo, situación que deja a muchos y muchas con salarios por debajo de la línea de la pobreza.
Para nuestra Provincia y nuestra ciudad en particular los efectos de estos tres años, son devastadores. Entre los proyectos que fueron desfinanciados están algunos de los pertenecientes a la cartera del Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER). Programa que se creó en 2003, como versa en el portal de INTA, para contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y organizacional, el desarrollo de las capacidades de todos los actores del sistema y el fortalecimiento de la competitividad sistémica regional y nacional, en un ámbito de equidad social y sustentabilidad. Sus objetivos buscan fortalecer el desarrollo con inclusión social, integrar las economías regionales y locales a mercados internos e internacionales y generar empleos e ingresos.
Dentro de este programa están los proyectos MINUFUNDIO, PROFAM, Cambio Rural, Proyectos de Desarrollo Local (PDL) y Pro Huerta. Cada uno de estos trabaja en conjunto con actores del medio rural y urbano con distintas características socio-productivas.
Algunos de estos proyectos sufrieron recortes de presupuesto operativo. Los que más recortes sufrieron fueron los MINIFUNDIO, PROFAM y PDL. Estos, cada uno con sus particularidades, llevan adelante acciones con los actores más debilitados de las economías regionales y se potenciaban con el trabajo interinstitucional. Mientras este conjunto de herramientas programáticas fueron paulatinamente reduciendo su presupuesto, hasta que a partir de 2019 no recibieron aportes para funcionamiento, otras herramientas del PROFEDER fueron aumentando sus recursos. Estas últimas son el programa Cambio Rural que trabaja con PYMES y medianos productores del sector rural y el Pro Huerta que trabaja con población rural, urbana y periurbana en condición de pobreza, que enfrenta problemas de acceso a una alimentación saludable, cuyo objetivo es fomentar la autoproducción de alimentos.
Esta reorientación de los fondos demuestra un retiro en el apoyo a la agricultura familiar y un fortalecimiento a un segmento de productores con mayor capacidad y autonomía para garantizarse asesoramiento técnico.
A través de proyectos como MINIFUNDIO y PROFAM se trabajaba en el acompañamiento técnico y organizativo a grupos de productores familiares y minifundistas. Tenían una duración de tres años con la posibilidad de reformularlo para continuar en la profundización de alguna línea de trabajo con el mismo grupo de productores u organización.
Cabe aclarar que ni los "Cambio Rural", ni el "Pro Huerta" destinan fondos de sus presupuestos a la reparación de vehículos, mientras que los demás sí permitían este tipo de gastos.
Por otra parte, se han terminado los Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET). La puesta en funcionamiento de PRETs en 2013, fue el producto de un proceso gradual de reorganización de los sistemas regionales de extensión con el objeto de fortalecer las capacidades del INTA y hacer efectivas las estrategias institucionales para el desarrollo territorial.
El enfoque de desarrollo territorial es una perspectiva que ya no se basa sólo en la producción primaria y sus protagonistas, sino que las incluye en un espacio geográfico y político (el territorio), donde coexisten visiones, intereses y actores con diversidad de objetivos y medios. En julio de 2018, luego de 5 años de trabajo territorial, finalizó la cartera de estos proyectos del INTA.
Cada uno de estos proyectos permitía abordar a los territorios en toda su complejidad y especificidades, buscando alternativas productivas con tecnologías apropiadas a para cada región. Contaban con la participación de las diferentes unidades de INTA (agencias de extensión rural, estaciones experimentales e institutos), otras instituciones y organizaciones ancladas en el territorio, esto facilitaba un trabajo interdisciplinario e interinstitucional. Se utilizaba metodología de trabajo que incluían la investigación-acción participativa, la construcción colectiva de conocimiento y los campos demostradores en los cuales no sólo los técnicos aportaban sus saberes sino que los productores eran protagonistas de esos desarrollos y ensayos.
También se terminaron los Programas Nacionales, que eran ámbitos de coordinación de acciones por cadena de valor/disciplina, considerando el enfoque territorial y de sistemas complejos, donde se detectan las variables que afectan la competitividad sistémica en todas las escalas de la intervención. Asimismo promovían acciones de formación y sostenimiento de redes orientadas a la innovación, con actores del sistema público/privado, en el marco de la salud ambiental y la equidad social.
Según el Plan Estratégico-Institucional 2015-2030 del INTA, su misión es "impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible de un Sistema Agropecuario, Agroindustrial y Agroalimentario competitivo, inclusivo, equitativo y cuidadoso del ambiente, a través de la investigación, la extensión, el desarrollo de tecnologías, el aporte a la formulación de políticas públicas y la articulación y cooperación nacional e internacional".
En sus más de 60 años, el INTA hizo un estandarte del desarrollo rural y la extensión, convirtiéndose en un ejemplo regional y mundial en el sector agroalimentario. Es un eslabón fundamental en la matriz de producción de alimentos a través del desarrollo de ciencia y tecnología para el sector primario y la atención directa a los productores.
El campo es el territorio en el que las familias de la agricultura familiar y campesina producen alimentos para toda la población y el INTA juega un rol clave en la vinculación del Estado con esos sectores rurales, cada vez más vulnerados; las medidas en cuestión degradan los cimientos de la institución, atentan contra el crecimiento y fortalecimiento de las producciones familiares y perjudican a las y los trabajadores del sector.
AUTORES: Concejales Ana Marks, Ramón Chiocconi (FPV), Diego Benítez, Julia Fernández (JSB) y Daniel Gonzalez (PRO).
El proyecto original N.º 1227/19, con las modificaciones introducidas, fue aprobado en la sesión del día 13 de junio de 2019, según consta en el Acta N.º 1114/19. Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgánica Municipal,
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
SANCIONA CON CARÁCTER DE
COMUNICACIÓN
Art. 1°)
Se comunica al Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Producción y Trabajo, que el Concejo Municipal de Bariloche valoriza y defiende al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) como actor fundamental para el desarrollo de la economía regional de nuestra ciudad a partir de la investigación y el acompañamiento a las y los productores locales rurales y periurbanos.
Art. 2°)
Se comunica al Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Producción y Trabajo, la preocupación por el proyecto de modificación de la estructura organizativa de diversas áreas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que fuera comunicada por el Consejo Directivo del mencionado organismo el 10 de abril de 2019, mediante resolución 326/2019, y se solicita información en lo que respecta a:
a) Las razones por las cuales el Consejo Directivo del INTA se propone avanzar con cambios en la estructura del organismo, con reducción de los Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF) de las regiones Patagonia, Cuyo y NEA a simples áreas de investigación de centros regionales; el cierre de las 12 agencias de Extensión Rural insertas en las Estaciones Experimentales y la disolución de los Institutos de Economía y de Prospectiva y Políticas Públicas.
b) El destino del personal afectado a las áreas que serán objeto de las modificaciones estructurales y cómo se garantizará la continuidad laboral de los equipos de trabajo.
c) Las funciones desarrolladas por las áreas mencionadas que se verán afectadas por lo resuelto y cómo se garantiza la continuidad de las mismas en la nueva estructura.
Art. 3°)
Se comunica al Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Producción y Trabajo, que el recorte del presupuesto del INTA en un 25% para el 2019, con una reducción acumulada del 43% en relación al presupuesto de 2015, dificulta el sostenimiento de los programas MINIFUNDIO, PROFAN y PDL que se encuentran desfinanciados y ha terminado con los Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET).
Art. 4°)
Se comunica al Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Producción y Trabajo que los programas mencionados en el artículo 3º de la presente contemplaban el presupuesto necesario para la mantención y puesta en funcionamiento de los vehículos: con lo cual, el recorte mencionado impide el acceso de los trabajadores a territorio. De los 56 vehículos de la EEA Bariloche, el 50 % se encuentra fuera de servicio por falta de presupuesto para realizar reparaciones. Los restantes 7 sólo pueden usarse para viajes cortos y en ciudad debido a la antigüedad y condiciones precarias de los mismos. En el período 2016-2019 solo se repuso 1 vehículo en contraposición a los 34 del período 2003-2015.
Art. 5°)
Comuníquese. Dése a publicidad. Cumplido, archívese.
