Este viernes se reunió nuevamente la comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura, espacio que preside la concejal Roxana Ferreyra (FdT).
Los ediles abordaron un proyecto de ordenanza sobre la “prevención, erradicación, atención y sanción” de la violencia laboral en el ámbito municipal.
Los autores de la iniciativa buscan actualizar la normativa vigente sobre la temática (ordenanza 2245-CM-11) y ampliar diversas herramientas para prevenir la violencia en diferentes espacios laborales del municipio.
Fue invitada a la comisión Paula Barberis, subsecretaria de Políticas Sociales, quien explicó cómo es el procedimiento que se implementa en el municipio ante una denuncia de violencia laboral.
La funcionaria opinó que la autoridad de aplicación debería ser el área de Recursos Humanos, articulando con Medicina Laboral.
“La violencia debe entenderse como un proceso histórico de dominación, que se plasma en el ejercicio de una imposición de fuerza con objeto de dominio y sumisión, ejercido por una persona sobre otra y que tiene como resultado posible o real un daño físico, psicológico o moral. La violencia laboral, como problemática en sí misma y con características particulares, no es un fenómeno novedoso, sin embargo requiere trabajo superador en legislación específica para su abordaje en materia de prevención, sanción y erradicación”, consigna el proyecto analizado hoy e impulsado por el bloque FdT.
En tanto, agrega que se entiende por violencia laboral “una forma de abuso poder que tiene como finalidad la exclusión o sometimiento del otro”. “Es toda conducta hostil, comportamientos o prácticas inaceptables, o amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, sea ésta activa u omisiva, que ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo, como resultado del mismo o que tenga repercusiones en el mismo, por y hacia las personas comprendidas en el art. 2 de la presente, que atente contra la dignidad, ideología política, integridad física, sexual, psicológica y social, con abuso llevado a cabo mediante amenaza, intimidación, amedrentamiento, acoso, maltrato físico, psicológico y social. Incluye la violencia y el acoso por razón de género”, se indica en el documento.
Se plantea que “de haberse comprobado la existencia de Violencia Laboral, la Autoridad de Aplicación determinará la sanción pertinente que deberá guardar proporcionalidad con la gravedad del hecho y el tipo de vinculación existente”.
La reunión de trabajo se realizó por videoconferencia y fue transmitida en vivo por el canal de YouTube del Deliberante. Los ediles acordaron continuar con el debate del proyecto en próximas comisiones.
Participaron los concejales Roxana Ferreyra (FdT), Norma Taboada (JSRN), Marcelo Casas (FdT), Claudia Torres (JSRN) y Pablo Chamatrópulos (Podemos Bariloche).
