La comisión de Economía que preside la concejal Claudia Torres (JSRN) se reunió este jueves por videoconferencia para continuar con el tratamiento del proyecto de ordenanza 0060-2020. La iniciativa plantea exigir una “contribución solidaria obligatoria” a determinadas empresas de comercio y servicios que posean su domicilio legal fuera del ejido de Bariloche pero que lleven adelante sus actividades en la ciudad.
El documento propone la creación de un Fondo Fiduciario establecida en el artículo 136 de la Carta Orgánica Municipal para “atender las necesidades más urgentes”. Consigna que el dinero recaudado “tendrá como destino específico la realización de obras y/o mejoramiento de infraestructura y equipamiento destinados a mejorar la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores de los sectores vulnerables de Bariloche”.
Participó del encuentro virtual el abogado y ex convencional de la reforma de la Carta Orgánica Municipal de 2007, Rodolfo Rodrigo, quien fue invitado por la edil Julieta Wallace (FDT). Al tomar la palabra, desarrolló el contexto histórico en el que se incorporó el artículo 136, en aquel año. Habló sobre el proceso que se llevó adelante oportunamente para tal fin, del cual fue parte.
Luego de la exposición del abogado, los concejales continuaron analizando el proyecto del bloque FDT. El debate estuvo centrado en la posibilidad de que se genere una doble carga impositiva sobre las empresas y por ende surjan implicancias legales que perjudiquen al municipio.
Por iniciativa de los autores del proyecto (Wallace, Roxana Ferreyra y Marcelo Casas), se solicitará a la Secretaría de Hacienda municipal un informe para determinar cuál es el universo de empresas que alcanzaría la medida en caso de ser aprobada. La exigencia contempla a las firmas que facturen de manera anual más de $ 100.000.000. El documento continuará analizándose en la próxima comisión de Economía.
