La concejal Ana Marks (FpV) presentó un proyecto de Comunicación solicitando al Ministerio de Seguridad rionegrino que informe las medias adoptadas para garantizar el cumplimiento de la sentencia que impone a la Policía condiciones para intervenir con estudiantes de Virgen Misionera.
El 4 de agosto pasado, la Jueza María Marcela Pájaro hizo lugar al hábeas corpus interpuesto por la Fundación Gente Nueva “por la sistemática vulneración de los derechos humanos de jóvenes de la escuela Amuyen por parte de la policía”, recordó Marks en su proyecto de comunicación, que requiere al Ministerio de Seguridad, a la Jefatura de la Policía de Río Negro y la Defensoría de Menores que informen las acciones implementadas para su cumplimiento.
El fallo establece, entre otras medidas, que la policía de la provincia de Río Negro y el Ministerio de Seguridad cumplan acabadamente en todos los operativos que realicen en la zona (específicamente en las inmediaciones de los establecimientos escolares Amuyen/Jaime de Nevares) con la ley vigente y que el personal esté debida y visiblemente identificado con credenciales, a cara descubierta, en vehículos debidamente patentados.
Indicó que los operativos de prevención de la zona no deberán disminuir, encomendando a la fuerza policial seleccionar personal de legajos intachables para cubrir los operativos de esa zona. Asimismo, indica que todos los operativos de prevención en horario escolar deberán ser comunicados a las autoridades de los establecimientos para su conocimiento.
Fijó la jueza que toda detención de personas menores de edad deberá obedecer indudablemente a algún supuesto habilitado por ley, debiendo comunicar dicha situación en forma inmediata al Defensor de Menores e Incapaces en turno, a la Fiscalía y al establecimiento educativo.
“El fallo establece que en una sociedad democrática, no puede tolerarse la existencia de motos sin patente y la falta de identificación de los agentes, a lo que se suma que el colectivo de estudiantes del Barrio Virgen Misionera aparecen como víctimas y directos destinatarios de conductas inapropiadas, de hostigamiento, persecución y de amedrentamiento de personal policial en actitudes de claro e injustificado abuso de poder”, sintetizó la Marks.
El Proyecto de Comunicación, que tomará estado parlamentario en la próxima sesión, argumenta que “como representantes del pueblo, no podemos aceptar un uso desviado, arbitrario y descontrolado del poder preventivo y punitivo del Estado”.
