La concejal Ana Marks (FpV) presentó un proyecto de Comunicación al gobierno nacional para rechazar el retorno al Fondo Monetario Internacional y solicitar que el acuerdo sea analizado por el Congreso.
El 7 de junio el gobierno nacional anunció la firma de un acuerdo Stand by con el FMI de 50.000 millones de dólares, por 36 meses. “Es una serie de desembolsos condicionados al cumplimiento de compromisos que la Alianza Cambiemos acordó con este organismo y que implican la aceleración del ajuste fiscal y la puesta en marcha de un paquete de reformas en el esquema monetario y cambiario”, afirmó Marks.
Cuantificó que el ajuste fiscal pactado equivale a 3,7 % del PBI, lo que implica 19300 millones de dólares o su equivalente, el que alcanzaría casi los 500.000 millones de pesos según el tipo de cambio vigente. “Para lograr esto, el gobierno se comprometió a recortar el gasto en obra pública, achicar las transferencias a las provincias, continuar con la quita de subsidios, reducir las erogaciones salariales estatales y ajustar el sistema de la seguridad social”, señaló la edil.
Estas políticas macroeconómicas, según la concejal, derivarán en “despidos o un recorte brutal de salario real, sin mencionar el ajuste que ya se viene dando desde 2016 sobre el bolsillo de los trabajadores/as”, complejizando una situación social que se trasladará a los municipios “que tendrán que afrontar las demandas sociales ante los recortes provinciales y nacionales”.
Impactará, además, en la “pérdida de soberanía política y económica”, aseguró, recordando los antecedentes de las consecuencias de acuerdos con el FMI en la historia argentina, desencadenando en la “peor crisis social e institucional de la Argentina” en 2001. “No es posible imaginarse un final diferente cuando las recetas utilizadas son las mismas”, advirtió Marks.
El proyecto del bloque FpV, que tomará estado parlamentario en la próxima sesión, manifiesta el repudio al acuerdo firmado por el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional -y sus condicionamientos- y solicita que sea analizado y debatido por el Poder Legislativo, como lo establece la Constitución Nacional.
