ORDENANZA N° 2047-CM-10

 

 

DESCRIPCION SINTETICA: ADHERIR AL ACUERDO PARA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA RATIFICADO POR EL CONGRESO DE LA NACIÓN.

 

ANTECEDENTES

 

Ordenanza 774-CM-97: “Adhiere a la ley Provincial 3097 “Ley de protección integral y promoción de los Derechos del niño y del adolescente”.

 

Ordenanza 1963-CM-09: “Adherir leyes Discapacidad”.

 

Ordenanza 2007-CM-09: “Adhesión a la Ley Nacional 26363. Agencia Nacional de Seguridad Vial”.

 

 

FUNDAMENTOS

 

Los luctuosos hechos en que nos viéramos inmersos como miembros de la comunidad de San Carlos de Bariloche y en la que perdieran injustamente sus vidas los menores Diego Bonefoi y Nicolás Carrasco, así como el joven Sergio Cárdenas, nos denotan que el denominado “problema de la seguridad” se ha venido agravando con el correr de los años por la instalación en Bariloche de políticas públicas fallidas e ineficaces.

 

En un contexto de tanto dolor y riesgo, debe ser la justicia la única encargada de establecer las sanciones que quepan a los responsables, directos e indirectos, de su accionar, en tanto para ello es que deben funcionar las instituciones. Es necesario hallar a los culpables y garantizar que los asesinatos de nuestros jóvenes no permanezcan impunes, para lo cual ya se halla detenido, y a disposición de la Justicia, el presunto responsable del primero de los crímenes, a la vez que se encuentra avocada la Fiscalía en la correspondiente investigación de los demás, así como en el esclarecimiento de los apremios denunciados.

 

Del mismo modo, deben ponerse en funcionamiento los mecanismos legales de resguardo previstos por el Estado para con la sociedad toda, brindando seguridad al conjunto de la comunidad desde políticas públicas sustentables, fundadas en derecho y debidamente orientadas desde el poder elegido por el pueblo, a la vez que garantizando un verdadero acceso a la justicia para el esclarecimiento de todos los crímenes de cada una de las víctimas de la inseguridad existentes en nuestra ciudad. Tal resulta el caso de los crímenes anteriores a éstos últimos hechos y que vienen conmoviendo también a los barilochenses, tal como el reciente homicidio del joven abogado Carlos Javier Castillo, o los permanentes ataques que vienen padeciendo los transportistas en el desempeño de su labor.

 

Resulta esencial, en tal sentido, que cualquier política de Estado a proponerse en materia de seguridad ciudadana parta de la concepción de que el derecho a la seguridad es de todos, y que no se contrapone, en manera alguna, con el debido respeto a todas las garantías constitucionales ni al plexo normativo vigente a nivel internacional en materia de Derechos Humanos fundamentales; los que resultaron definitivamente incorporados a nuestra Constitución Nacional mediante el contenido del nuevo artículo 75, inc. 22, donde toman relevancia dichos derechos con una jerarquía superior, incluso, a la de las demás leyes de la República, a través de los Tratados Internacionales allí mencionados.

 

Admitida la gravedad del problema se impone en nuestra sociedad la necesidad de arribar a un acuerdo amplio y plural de fuerzas sociales, políticas, sindicales, religiosas, etc. que converjan desde una perspectiva democrática, para abordar políticas de Estado en materia de seguridad ciudadana, respetando los derechos de todos en el ámbito de un Estado plural y sin exclusiones.

 

Ha sido en esa dirección que distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales de nivel nacional, han resuelto recientemente armar una agenda conjunta con el fin de abordar la problemática de la seguridad en tiempos de democracia, proponiendo al Congreso de la Nación el 29 de diciembre de 2009 la aprobación del llamado “Acuerdo para la Seguridad Democrática”, cuyo objetivo esencial es el de sentar los principios básicos para la construcción de una política de Estado en materia de seguridad, el que deberá brindar soluciones a la sociedad respecto de este tema sobre una base democrática y ajustada a criterios profesionales.

 

El documento consiste en diez puntos que proponen una mirada distinta sobre el tema seguridad y que sientan los principios básicos que debe atender el Estado a la hora de diseñar e implementar políticas en esta materia, razón por la cual promovemos su incorporación a la legislación local a través de la aprobación de la presente ordenanza.

 

El apoyo logrado a nivel nacional excedió largamente lo habitual, firmando el acuerdo una multiplicidad de actores de las más diversas extracciones, tales como los dirigentes de ambas centrales sindicales, rectores y docentes de universidades nacionales y referentes nacionales de los partidos políticos mayoritarios. Entre ellos cabe mencionar a: los diputados nacionales Remo Carlotto (Frente para la Victoria), Adriana Puiggros (FPV), Héctor Recalde (FPV), Agustín Rossi (FPV), Ricardo Alfonsín (Unión Cívica Radical), Ricardo Gil Laavedra (U.C.R.), Gerardo Morales (U.C.R.), Horacio Piemonte (Coalición Cívica), Felipe Solá (Peronismo Federal), Fernando Solanas (Proyecto Sur), Claudio Lozano (Proyecto Sur), Vilma Ibarra (EDE), Martín Sabatella (EDE), Victoria Donda (Libres del Sur), Carlos Heller (P. Solidario), Ariel Basteiro (Partido Socialista), Jorge Rivas (Partido Socialista); los especialistas Eugenio Zaffaroni (Suprema Corte de Justicia Nacional), Carlos Arslanian (ex Ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires), Marcelo Saín (ex Jefe de la Policía Aeronáutica), Luis Lugones (primer Ministro Civil de Seguridad de la Provincia Buenos Aires), Alberto Binder (integrante de la gestión de Luis Lugones), Mario Coriolano (Defensor de Casación); Federico Schuster (decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la U.B.A.), Jaime Sorín (decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la U.B.A.), Fabián Salvioli (Director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata), Gustavo Lugones (rector de la Universidad Nacional de Quilmes); Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S, etc.

 

Hugo Cañón, co-presidente de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, precisó: “El documento es una síntesis de acuerdo democrático en temas de seguridad que significa un avance, un punto de partida muy importante para poder generar una mirada constructiva de lo que es el tema… Este documento intenta generar una propuesta diferente de políticas de Estado en materia de seguridad que son absolutamente necesarios”.

Alejandro Mosquera, integrante de la misma Comisión, planteaba que: “Se logró aunar un arco político que abarca la representación del 80% u 85% del país, presente para decir que hay una política de seguridad con base democrática, que se logra un consenso en las líneas principales, lo cual es un hecho enormemente significativo. Además, ese arco político está apoyado por una cantidad de expertos en temas de seguridad con gestión en la materia y legisladores de distintos puntos del país. El Acuerdo de Seguridad Democrática es un umbral de consenso que tenemos los argentinos para hablar de una política de raigambre democrática y con eficacia para asegurar la vida de los ciudadanos y vecinos del país. Las políticas de mano dura, de tolerancia cero, son enfoques populistas y autoritarios que no tienen que ver con mejorar la vida de los vecinos, de los ciudadanos, de nuestro pueblo, que no tienen nada que ver con mejorar la seguridad, de confrontar una mejor prevención del delito, sino todo lo contrario. La conducción de las policías del país tiene que estar en manos de la conducción política. La autonomía policial no trajo profesionalización sino espacios de corrupción y funcionarios públicos que tendrían que cuidar de los vecinos fueran parte de las acciones y de las redes delictivas”.

 

En el caso particular del derecho a la seguridad, el Acuerdo para la Seguridad Democrática al que la Municipalidad de San Carlos de Bariloche adhiere en todos sus términos a través de la presente ordenanza, se basa principalmente en los siguientes Tratados suscriptos por Argentina, a saber:

 

Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (Arts. 7, 9, 10, 12, 14, 17); Convención contra la tortura y otos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Arts. 2, 4, 12, 13, 15);

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Arts. 1, 2, 4, 26); Declaración Universal de los Derechos Humanos (Arts. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 17); Convención Americana sobre DDHH (Pacto de San José de Costa Rica) (Arts. 4, 5, 7 y 21).

 

Por ello, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación ha estimado que resulta imprescindible avanzar hacia un modelo de seguridad social que postule la intervención en los espacios sociales atacando los factores de riesgo reales y abordando pacíficamente los conflictos a través de mecanismos alternativos a los represivos, a la vez que enfocando los mayores recursos con profesionalidad a la lucha contra la criminalidad organizada.

 

En particular, un modelo sustentable de seguridad ciudadana no deberá partir de victimizar a los ciudadanos en el debido disfrute de sus derechos, extremo que dista diametralmente de fomentar un accionar policial inadecuado y alejado de los protocolos correspondientes, los que necesariamente terminan derivando en acciones represivas indiscriminadas y generando reacciones violentas de, y entre, distintas partes de la población.

 

Debemos recalcar en el hecho de que los problemas de seguridad en la sociedad barilochense no se resuelven a través de un razonamiento simplista que proponga la mera incorporación de más armas para más policías, o del ejercicio de una mayor represión. En todo caso habrá que profesionalizar y educar a los agentes policiales, brindándoles a la vez un salario digno y mejores condiciones de trabajo, formándolos respecto de la realidad social en la que se hallan inmersos, a fin de que se encuentren en condiciones de orientar debidamente su accionar en favor y cuidado de toda la población.

 

Al mismo tiempo, se deben poner en marcha políticas sociales, educativas y económicas que dignifiquen a todas las personas y apunten a un desarrollo integral, individual y social de la comunidad en su conjunto; es decir, políticas generadoras de integración, no de clientelismo, a través de la educación, el trabajo, el acceso a la vivienda y el mejoramiento de las condiciones de vida, sin excepciones.

 

Serán las políticas de fondo que ataquen las causas estructurales de la pobreza y la exclusión las que contribuirán verdaderamente a transformar el presente y el futuro de los jóvenes de nuestra ciudad y del país.

 

Particular esfuerzo debe realizar el Estado en la lucha eficiente contra las redes de distribución de la droga y la venta indiscriminada de alcohol a menores, al tiempo que en brindar la debida contención social e institucional a los jóvenes, generando para ellos oportunidades legítimas de acceso al estudio, al trabajo, a los deportes y al arte, a la vez que promoviendo su desarrollo personal y social. En este caso, la verdadera seguridad se asimila con el logro de una sociedad más justa e igualitaria.

 

En todo caso, la seguridad se irá construyendo mediante el fortalecimiento de las políticas públicas de acceso universal, diseñadas y sostenidas con amplia participación popular; formando y educando una policía honesta y profesionalizada; impulsando formas de  generación y distribución  equitativa de la riqueza, a la vez que proponiendo proyectos de vida que vayan transformando gradualmente nuestra cultura, valores y sentimientos, hacia un horizonte de profunda humanidad.

 

Esa seguridad, con todas las letras y en cada uno de los ámbitos, se construye cotidianamente, y los responsables de esa construcción somos todos aquellos actores y sectores que nos hallamos dispuestos a  proponer y a trabajar por la concreción cotidiana de los derechos de todas y todos.

 

Resulta fundamental que, también entre todos, busquemos la manera de evitar que se sigan construyendo falsas dicotomías en torno al tema de la seguridad, las cuales lamentablemente se han venido consolidando en algunos ámbitos como discurso y no hacen más que profundizar las divisiones ya existentes en nuestra sociedad.

 

La heterogeneidad resulta intrínseca a cada uno de los grupos humanos, y los reclamos resultarán siempre diversos, no pudiendo, quienes ejercemos responsabilidades públicas en el Estado perder esto de vista. La re-orientación de las consignas y la transmisión de ideas que busquen nuestros puntos de unión como comunidad constituirá, entonces, un importante elemento que contribuya en pos de la paz social.

 

Esta noción amplia de seguridad será parte de una nueva construcción social. En este sentido, observamos que socialmente se suelen naturalizar muchos hechos que resultan contrarios a la ley, y que también generan inseguridad: la violación de derechos laborales; el incumplimiento de las obligaciones para con el Estado, y a través de él con toda la comunidad; el desconocimiento de los funcionarios respecto de sus obligaciones para con la población; la negativa injustificada a brindar información pública; los repartos arbitrarios de bienes públicos que benefician sólo a sectores privilegiados (tierras, viviendas, acceso a las costas, explotación de recursos naturales); la discriminación permanente hacia ciertos sectores en muchos actos, públicos y privados, así como otra larga lista de irregularidades que no suelen recibir la mirada oprobiosa de nuestra sociedad, pero que construyen también la inseguridad de los sectores medios y pobres.

Al excluirse la significación de lo que implica la seguridad en términos de derechos, se realizan análisis parciales sobre la cuestión. Los jóvenes de los sectores populares ocupan un lugar de sospecha permanente: así como son personas en situación de riesgo, son también “personas riesgosas”. Es innegable que la desigualdad, la falta de reconocimiento de derechos, el desprecio de las instituciones que activan sus mecanismos con celeridad para unos y los cierran para otros, son factores que generan situaciones de violencia.

 

Se trata entonces de exigir: en lugar de asistencialismo, justicia social; en lugar de ocupaciones laborales precarias, trabajo digno, justo y bien remunerado; en lugar de abandono por parte del estado y la sociedad, contención y acompañamiento para el desarrollo integral de los jóvenes; en lugar de represión, un sistema que garantice los derechos de todos.

 

Por todo lo expuesto, la presente Ordenanza viene a proponer la adopción a nivel local del presente Acuerdo para la Seguridad Democrática, consensuado recientemente en el orden nacional, respecto de los principios y valores básicos que debe observar el estado a la hora de diseñar e implementar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, partiendo para ello de conceptos amplios y de la experiencia de los máximos referentes políticos, sociales, sindicales y especialistas en el tema existentes en nuestro país.

 

 

 

AUTORES: Concejales Dr. Darío Rodríguez Duch (ARI); Prof. Alfredo Martín, Silvia Paz (FG-FpV); Lic. Arabela Carreras, Lic. Darío Barriga y Hugo Cejas (SUR-FpV); Silvana Camelli (CcP); Francisco De Cesare (PS); Daniel Pardo (PPR) y Laura Alves (CpD).

 

 

 

El proyecto original Nº 660/10, con las modificaciones introducidas, fue aprobado en la sesión del día 2 de junio de 2010, según consta en el Acta Nº 946/10. Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgánica Municipal,

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SANCIONA CON CARÁCTER DE

 

ORDENANZA

 

 

Art.  1°)	El Gobierno Municipal de San Carlos de Bariloche en su conjunto adhiere en todas sus partes al texto y contenido del “Acuerdo para la Seguridad Democrática”, ratificado por la Congreso de la Nación Argentina el 29 de diciembre de 2009, el que como “Anexo I” se adjunta a la presente ordenanza.
Art.  2°)	Los principios y valores expuestos en el contenido del “Acuerdo para la Seguridad Democrática” resultarán los criterios fundamentales a adoptar para el diseño e implementación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana dentro del ejido municipal de San Carlos de Bariloche.
Art.  3°)	Comuníquese al Ejecutivo Provincial y Legislatura Publíquese en el Boletín Oficial. Tómese razón. Cumplido, archívese.