Se comienza dando tratamiento al Proyecto de Ordenanza Nº 116/08
“Ampliación y/o renovación de plazos - Servicio de Transporte público
de Pasajeros”.
El proyecto se fundamenta en que el Estado Municipal encuentra
anómalamente confeccionado su vínculo administrativo con las empresas
prestatarias de transporte urbano de pasajeros.
Como surge de la simple lectura de las ordenanzas aplicables en la
materia, como así también de los contratos que son objeto de las
mismas, no existen plazos convencionales entre las partes,
circunstancia que a la fecha se ha visto superada por un escenario
fáctico que devino en prórrogas tácitas.
Dicha anomalía afecta la sustentabilidad, la calidad del servicio, restringe inversiones y deteriora sus proyecciones futuras.
Las relaciones de la administración pública deben guardar el máximo
apego a la normativa vigente, y sin hacer mérito del status en el cual
llegan las concesionarias a la presente ampliación y/o renovación de
plazos, lo cierto que el vínculo Estado – Prestador es perfectible.
Debe advertirse que el transporte urbano de pasajeros constituye un
servicio público esencial, y es deber del Estado asegurar la regular
prestación del mismo y promover su uso.
Debe la administración tener en miras la necesidad de resguardar los
intereses de los usuarios en orden a la calidad, eficacia y eficiencia
de la prestación del servicio. Proceder de del modo más factible que
garantiza el sustento “permanente” en la prestación, evitando abandonos
los servicios, desinterés y/o inseguridades laborales.
Han de ser tenidas en cuenta especialmente las dificultades en la
prestación del servicio, las que no solo tienen raíces en cuestiones
locales, sino también en la crisis macroeconómica de fines de 2001,
época en la que la ciudad se vio sumida en un marco de altísima
recesión, con un decaimiento en la potencialidad turística, y las
unidades viajaban vacías producto del macro escenario afectado
principalmente por el desempleo.
El servicio urbano de transporte de pasajeros ha sido uno de los
sectores castigados por la intensa recesión, lo que provocó situaciones
de rentabilidad negativa en la mayoría de las empresas nacionales, por
lo que las prestatarias no han sido ajenas a los efectos de la
emergencia económica, habiendo experimentado un detrimento en la
ecuación económica del contrato frente al aumento de los insumos, sin
que se hayan verificado aumentos de tarifa.
Durante la vigencia de sus concesiones, las prestatarias han tenido que
sufrir una serie de circunstancias de orden general, ajenas a las
mismas, totalmente imprevisibles y que han excedido holgadamente el
riesgo empresario estimado al momento de la contratación.
La crisis del sector ha sido paliada de alguna manera por el Estado
Nacional, mediante la entrega de subsidios y gas oil diferenciado, sin
embargo, las empresas no han logrado a la fecha alcanzar una adecuada
ecuación económica administrativa, con el riesgo de de perder en
cualquier momento el auxilio estatal y encontrarse en total desamparo
empresario, y el consecuente peligro de la fuente laboral dependiente.
Ambos riegos son en definitiva, problemas que el Estado debe tender